Ayer circuló la Gaceta Oficial número 39.335 donde queda plasmada la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, que quedó marcada con una clara concepción socialista.
La nueva normativa sustituye a la que estuvo vigente desde el año 2006 y será complementada con un reglamento que deberá ser dictado por el presidente de la República en los próximos 180 días, según indica la ley.
Uno de los cambios más importantes que incluye el instrumento legal es la forma como serán estructurados los consejos comunales y sus funciones. Los bancos comunales dejarán de existir para darle paso a la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria que, hasta cierto punto, será el alma operativa de estas organizaciones.
Entre sus funciones se encuentran la ejecución de las asambleas de ciudadanos, la preparación de los balances financieros y la presentación de los informes de gestión de los proyectos en las comunidades. Pero se añaden otras más como la intermediación financiera comunitaria, "privilegiando el interés social sobre la acumulación del capital", según indica el artículo 31 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Alternativos y populares Asimismo, esas unidades deberán apoyar las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento de un esquema económico popular y alternativo, al igual que deberán proponer formas diferentes de intercambio de bienes y servicios entre las comunidades para la satisfacción de las necesidades de la economía local.
Entretanto, en la ley se le exige a la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria que promueva el ahorro familiar y facilite las herramientas para evaluar los créditos de las organizaciones socioproductivas que se enmarcan en la economía comunal.
Además de esa instancia, el cuadro de conformación de los consejos será completado por la Asamblea de Ciudadanos, el Colectivo de Coordinación Comunitaria, la Unidad Ejecutiva y la Unidad de Contraloría Social.
Cualquier proyecto que adelante alguno de estos equipos deberá definirse como parte de un plan comunitario de desarrollo integral que, a su vez, estará articulado con los programas municipales y estatales. No obstante, la nueva normativa indica en su artículo 25 que la elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos deberán seguir las líneas generales del Proyecto Nacional Simón Bolívar, también conocido como el Primer Plan Socialista.
Aunque el instrumento legal se refiere poco al nuevo modelo productivo socialista que intenta imponer el Gobierno nacional, incluye algunas definiciones sobre la economía comunal y sus redes socioproductivas. En tal sentido, la Ley Orgánica de Consejos Comunales explica que la economía que deben apoyar esas organizaciones debe basarse en la propiedad social "al servicio de sus necesidades de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el Sistema Centralizado de Planificación y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nacional (Primer Plan Socialista)", señala el artículo 4 de la normativa que entró en vigencia ayer.
Igualmente, la ley habla de las redes socioproductivas como la articulación e integración de los procesos productivos de las organizaciones comunitarias para intercambiar bienes y servicios, pero mediante nuevas relaciones de producción, comercio, distribución, cambio y consumo que contribuyan a fortalecer al poder comunal.
El objetivo final de la transformación de los consejos comunales es que se conviertan en gobiernos comunitarios para gestionar de forma directa las políticas públicas para "responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social.
Los recursos para llevar los planes comunales ya están pautados en el Presupuesto Nacional 2010. Serán 3,2 millardos de bolívares fuertes, lo que implica un alza de 6% con respecto a los 3 millardos de bolívares fuertes programados para este año.
Fuente: Periódio ElUniversal.com
